Con el ciberespacio español movilizado, los políticos haciendo oídos sordos a las reclamaciones y el consecuente malestar de una gran parte de la sociedad debido a ello, es el momento de aclarar por que decir no a la Ley Sinde desde mi modesto punto de vista.
Comenzamos por su gestación, es una ley mal planteada en un doble sentido, el primero, por ser introducido dentro de un texto legislativo con una gran importancia, La ley de Economía sostenible, que viene a recoger una serie de medidas para salir de la crisis en la que nuestro pais se encuentra sumida, sin que la reforma que supone a nivel de propiedad intelectual vaya a generar algún tipo de beneficio, simplemente se trata de contentar a la industria cultural, que tampoco supone un gran impulso económico a nuestro pais, más bien lo contrario.
El segundo sentido de su mal planteamieno estriba en hacernos comulgar con ruedas de molino, es decir, nos estan imponiendo una ley para penalizar un comportamiento que la justicia en nuestro pais ha reconocido como legal en multitud de ocasiones, vease la Sentencia del 9 de septiembre de 2009, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Mislata, que sobresee el procedimiento contra la web, divxonline, por poner un ejemplo muy reciente para que la industria cultural, pueda sacar más tajada, si existen sistemas como Spotify para escuchar música, alguien cree que no funcionaría con series o películas, el problema está en que así su beneficio sería menor (Menor al que tienen previsto gracias a esta ley), pero probablemente inmensamente mayor al que tienen en la actualidad.
Es necesario decir que NO a esta ley por que no viene impuesta por nuestra soberanía popular, sino por un plan organizado por el gobierno estadounidense para reforzar el control de la red y poder beneficiar a la industria cultural como ha quedado patente en los distintos cables suministrados por Wikileaks, a pesar de que suene a argumento de película.
Es a su vez imprescindible negarse a esta ley por que jurídicamente, supone un procedimiento administrativo puro, con una presencia judicial prácticamente formal, solo entra a los defectos formales del procedimiento o vulneración de derechos fundamentales, para el resto la vía administrativa, el motivo, así logran que los jueces, que como comentaba con anterioridad, no consideran delictivas conductas como compartir archivos, no puedan entrar a valorar dichas actividades, privándoles de capacidad sobre las mismas, y así forzar su carácter delictivo.
Que la industria cultural necesita un cambio es obvio, que dicho cambio no se debe aplicar con respecto a los usuarios y si con respecto a sus vías de difusión, también, pero parece que políticamente, es más fácil, fastidiar a los de siempre, total, así nos tienen....
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